Aumentan los niños cuya “única comida al día que hacen en condiciones” es cuando almuerzan en su colegio, alerta la Confederación Galega de Anpas de centros públicos. Pero el nuevo decreto de la Consellería de Educación que regula los comedores escolares impone condiciones, requisitos y precios “insostenibles” que han disparado, desde el inicio del curso en septiembre, el número de “situaciones graves e incluso peligrosas” para los menores, denuncian las Anpas. Hay niños que directamente se ven abocados a saltarse el almuerzo. “El desbarajuste, la desigualdad entre los pequeños en función de si sus padres pueden o no pagar el comedor, es total”, denuncia Elena Gómez, presidenta de la Confederación de Anpas. Las asociaciones de padres ya están organizando protestas, “hartos de no ser oídos y ni siquiera ser recibidos”.
Están apareciendo cada día más casos de pequeños de zonas rurales o de villas medianas que, al no poder sus familias asumir el coste de los almuerzos, no prueban alimento hasta media tarde, como muy pronto. Los autobuses escolares tienen orden de no moverse para devolver a los alumnos a sus domicilios hasta que termine el turno de comedor. Los que no comen en su colegio, y no tengan un padre, vecino o familiar que pueda ir a buscarlos al terminar las clases, a las dos de la tarde, se ven obligados a esperar, sin probar bocado, una hora en el centro más el tiempo del trayecto en bus, que puede llegar a ser de media hora o más en núcleos rurales. Ningún centro de A Coruña, subraya Gómez, acepta que vayan con tupper porque no hay quien controle ni gestione que cada alumno se lleve de casa su comida. Y tampoco hay medios para calentarla. “Galicia no es Canarias, y en invierno no se puede darles solo bocatas o comida fría”, destaca un miembro de la Federación coruñesa de Anpas.
El otro día, en un colegio de Bergondo, pillaron a dos alumnos de la ESO comiendo sus bocadillos a escondidas, mientras esperaban por sus compañeros con plato caliente y pagado en el comedor. “Hablamos con las familias, y lo resolvimos”, afirman las Anpas. Pero son situaciones que se van repitiendo cada vez más. Y no todos los centros, como algunos de A Coruña, tomaron la decisión de dar almuerzos gratuitos a alumnos cuyos padres no pueden pagar.
Otra flagrante desigualdad que está llevando a vaciar comedores escolares: Educación cobra el servicio diario —entre 4,5 y 2,5 euros— en función de los ingresos que los padres tenían el año pasado. La Consellería de Educación, pese a que aseguró que iba a corregir ese aspecto en la norma, no tiene en cuenta la situación actual de las familias. Que pudo variar, y mucho, dadas las tasas de desempleo. Carmen Fernández se quedó en el paro en noviembre de 2012 por un ERE en su empresa. En septiembre pasado, y llevando ya diez meses sin trabajo, empezó a ir a Infantil, en un colegio público de Val do Dubra, su pequeño de tres años. Le impusieron, en función de su declaración de la renta de 2012, cuando tenía su empleo, la máxima tarifa por el comedor: 4,5 euros por día. Carmen acudió al centro para que actualizaran sus datos, pero no hubo manera. La aplicación informática ideada por la consellería no permite esa opción de cambiar lo que cobraba antes de escolarizar a su hijo por su situación real de desempleada.
Para cuantificar todas estas situaciones y tener datos reales de los niños que no comen o comen mal por culpa de la nueva norma, las federaciones provinciales de Anpas están recabando encuestas en todos los centros. Permitirán tener una radiografía completa de las desigualdades crecientes e incluso alarmantes entre niños con padres que pueden pagar el comedor y los que no tienen esa opción. En Boiro está convocada mañana una protesta de toda la provincia coruñesa. El medio rural, ya fuertemente afectado por la supresión de las escuelas unitarias, se ve de nuevo más perjudicado que en las ciudades, “donde sí se concilia al gestionar las Anpas de forma directa los comedores”, destaca Elena Gómez. A finales de mes, con los resultados de esas encuestas, presentarán un recurso. Y anuncian movilizaciones contra un decreto que la consellería se niega a discutir: “Tenemos propuestas que hacerle, pero ni siquiera nos reciben”.
